En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano, lo que abre la puerta a su tratamiento en el recinto en las próximas sesiones
Uno de los puntos más sensibles del debate fue el alcance del control patrimonial. El proyecto original exigía la declaración jurada patrimonial solo al asumir y al dejar el cargo, de modo que durante todo el mandato nadie podía saber cómo cambiaba el patrimonio de un funcionario.
Con los aportes del bloque justicialista, el dictamen incorpora un régimen mucho más estricto. En primer término, se establece la declaración jurada anual, con un plazo concreto: hasta el 31 de julio de cada año, lo que obliga a una actualización periódica de la información patrimonial.
Además, se amplía el alcance de lo que debe informarse. La norma contempla de manera expresa bienes en el país y en el exterior, participaciones societarias e ingresos de cualquier origen, para abarcar tanto el patrimonio visible como las estructuras más complejas de tenencia de activos.
Otro de los cambios salientes es la incorporación de nuevas formas de activos financieros. El dictamen incluye de forma explícita las billeteras virtuales y criptoactivos, cerrando un posible canal de opacidad en el manejo del patrimonio de los funcionarios.
También se refuerza la publicidad de la información. Se dispone la publicación en internet de las declaraciones juradas y de la lista de quienes cumplieron y quienes no, siempre con resguardo de los datos sensibles para proteger la seguridad y la intimidad de los declarantes.
En materia de sanciones, el dictamen avanza con un esquema gradual pero contundente. Se fijan multas de hasta el 50 % del sueldo por no presentar la declaración o presentarla incompleta, que pueden llegar al 100 % de la remuneración si el funcionario reincide en el incumplimiento.
Otro eje central del proyecto es la denominada Ficha Limpia. Se puso el foco en los artículos 23 y 24, que impiden ejercer cargos públicos o ser candidato a quienes tengan condenas por corrupción y otros delitos graves. Se resolvió exigir que la condena esté confirmada en dos instancias, tal como mandan la Constitución y los tratados internacionales, para no vulnerar el principio de inocencia ni las garantías procesales básicas.
Además, se decidió vincular la duración de la restricción al plazo de la condena y no a un término fijo igual para todos los casos, lo que evita desproporciones entre la gravedad del delito y el tiempo de inhabilitación.
El dictamen también se detiene en la técnica legislativa. El justicialismo impulsó identificar con precisión los delitos alcanzados, corrigiendo remisiones normativas incorrectas, para que no haya zonas grises que terminen debilitando la aplicación efectiva de la Ficha Limpia.
En la misma línea de endurecer los filtros, se acordó exigir el certificado de antecedentes penales tanto a quienes asuman funciones en el Estado como a todos los candidatos de cada lista, de modo que los electores conozcan la situación judicial de quienes aspiran a representarlos.
