El intendente de Santa Elena rompió con el PJ entrerriano y aseguró que pagará entre 300 mil y 350 mil dólares a la consultora Kroll para «meter presos» a dirigentes del peronismo. La iniciativa enciende alarmas jurídicas por violar la Ley de Inteligencia y la protección de datos personales.
El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, pateó el tablero político provincial al anunciar su candidatura a gobernador para 2027 por fuera del Partido Justicialista (PJ). Sin embargo, lo que comenzó como una fractura partidaria derivó rápidamente en una profunda controversia institucional: Rossi confirmó públicamente su intención de contratar a la célebre firma internacional de investigación y seguridad corporativa Kroll Associates para realizar un «proyecto antimafia» y rastrear bienes de los dirigentes peronistas que impulsaron su expulsión del partido.
«Nosotros no tenemos nada que ver con la runfla mafiosa denominada PJ. Vamos a ser la topadora en un proyecto de gobierno», disparó el jefe comunal, detallando que las investigaciones de la consultora privada oscilan entre los 300.000 y 350.000 dólares.
El anuncio abrió un urgente debate jurídico que excede la interna del PJ y se posa sobre el Estado de Derecho: ¿puede un funcionario público utilizar estructuras o fondos para encargar tareas de inteligencia sobre sus adversarios políticos?
El fantasma de la gestión de Montiel en Entre Ríos
La sola mención de la firma Kroll reavivó de inmediato un polémico antecedente en la provincia. A principios de la década de 2000, durante la gobernación del radical Sergio Montiel, el Estado entrerriano contrató formalmente a esta agencia norteamericana para auditar presuntas irregularidades en la administración pública.
En aquel entonces, el nexo local con el empresario de seguridad Frank Holder fue el entonces fiscal de Estado, Sergio Avero —actual secretario de la Cámara de Senadores de Entre Ríos—. La maniobra desató una fuerte contraofensiva del exmandatario Jorge Busti, preocupado por el alcance de las tareas de vigilancia en territorio provincial. Aunque aquellas actuaciones judiciales no derivaron en condenas firmes, el episodio dejó una huella sobre los riesgos de privatizar las investigaciones públicas.
El freno absoluto de la Ley de Inteligencia
Desde el punto de vista legal, la propuesta de Rossi choca de frente con el marco normativo argentino, el cual limita de manera estricta quiénes y cómo pueden recopilar información sobre los ciudadanos.
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Función exclusiva del Estado: La Ley Nacional de Inteligencia Nº 25.520 establece que la producción de inteligencia estratégica es una facultad exclusiva de los organismos oficiales autorizados, bajo un estricto control parlamentario y judicial, siempre limitados a la seguridad interior y la defensa nacional.
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Prohibición por ideología (Art. 43 ter): La legislación prohíbe taxativamente obtener información, almacenar datos o vigilar a personas por razones de opinión política o pertenencia partidaria. El artículo 43 ter prevé penas de prisión e inhabilitación para los funcionarios que ordenen o ejecuten estas acciones por fuera de la ley.
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Datos sensibles protegidos: La Ley de Protección de Datos Personales (Nº 25.326) otorga un resguardo reforzado a las convicciones ideológicas y políticas para evitar la persecución y el disciplinamiento.
El perfil de Kroll: Aunque opera en el cono sur desde 1995 (con base en Buenos Aires), el grueso de la clientela de Kroll es privado (bancos, multinacionales y fondos de inversión) para combatir fraudes corporativos. Los antecedentes estatales en la región son escasos y polémicos: en 2002 el gobierno de Perú la contrató en secreto para rastrear los fondos de Alberto Fujimori, y en los 90 el Congreso brasileño utilizó sus servicios para investigar la ruta del dinero de la corrupción de Fernando Collor de Mello.
Una advertencia para la convivencia democrática
Expertos en derecho constitucional advierten que la iniciativa del intendente de Santa Elena transmite un mensaje alarmante. En los sistemas republicanos modernos existe una división tajante entre la contienda política, la investigación judicial y la actividad de inteligencia.
Desplazar la discusión de ideas o las denuncias en los tribunales hacia esquemas paraestatales de vigilancia privada genera un riesgo directo sobre las libertades individuales. Cuando las herramientas de investigación se transforman en armas de persecución al que piensa distinto, lo que se erosiona es la base misma de la convivencia democrática.
