El jefe de Gabinete confirmó la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y reconoció haber tenido fondos fuera del circuito legal. Atribuyó el volumen de su patrimonio a una inversión inicial en Bitcoin realizada hace más de una década y aseguró que pagará las penalidades correspondientes.
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó en el centro de la escena política tras reconocer públicamente que mantuvo una parte de su patrimonio familiar fuera del circuito del registro fiscal durante años. La confirmación llegó luego de que el funcionario presentara formalmente su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, en un contexto marcado por el avance de investigaciones judiciales y denuncias públicas orientadas a evaluar un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.
Durante una reciente entrevista televisiva, el ministro coordinador admitió la existencia de estos fondos no registrados y los justificó argumentando que se trataba de reservas acumuladas a lo largo de su carrera en la actividad privada. En sus declaraciones, Adorni asimiló su conducta a una práctica financiera habitual dentro del escenario macroeconómico local, al señalar que junto a su esposa ahorraron de manera informal como gran parte de los ciudadanos del país. Asimismo, calificó la omisión de estos activos en sus presentaciones patrimoniales iniciales como un error técnico que arrastró hasta la actualidad.
Para explicar el origen y el fuerte crecimiento de su capital, el funcionario nacional reveló que la columna vertebral de sus ahorros proviene de una temprana incursión en el mercado de los criptoactivos, específicamente entre los años 2013 y 2014. Según el detalle brindado por el propio jefe de ministros, la operación familiar comenzó con un desembolso inicial de dinero que, con el correr de una década y la fuerte valorización internacional de la tecnología blockchain, terminó reportando ganancias netas que ascendieron a los trescientos mil dólares, movimientos que según afirmó se encuentran plenamente trazables en los registros digitales de la red.
La controversia sobre los bienes del vocero presidencial reconvertido en ministro tomó mayor impulso luego de confirmarse que su grupo familiar directo solicitó formalmente la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que se encuentra amparado bajo la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Ante las repercusiones y los cuestionamientos de los bloques opositores, Adorni rechazó de forma tajante cualquier vinculación con maniobras de corrupción administrativa e insistió en que se encuentra completando el proceso de regularización impositiva, comprometiéndose de manera pública a abonar la totalidad de los tributos adeudados y las multas que le correspondan por las omisiones previas.
