Un grupo de colectiveros de Paraná que quedaron sin trabajo tras el cambio de concesión del transporte urbano de pasajeros se movilizaron este miércoles por la mañana de manera autoconvocada. Los trabajadores exigen respuestas urgentes tanto a las empresas del sector como a las autoridades de los gobiernos municipal y provincial ante la profunda incertidumbre laboral que atraviesan.
La marcha, que congregó a unos 40 ex empleados de las firmas Mariano Moreno y ERSA, recorrió las calles del centro de la capital provincial con un itinerario claro: la Municipalidad, la Casa de Gobierno y la Secretaría de Transporte. El objetivo de la columna fue ser recibidos por funcionarios públicos que puedan destrabar un conflicto que los dejó, según sus propias palabras, «en la calle».
A nivel gremial, los manifestantes se encargaron de marcar una fuerte distancia con la conducción de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), aclarando que la protesta se organizó de forma independiente y sin el aval del sindicato.
El origen del conflicto: Una laguna jurídica en la licitación
La raíz del problema se remonta a diciembre de 2025, momento en que vencieron los contratos de las empresas que operaron el servicio entre 2018 y 2025 (ERSA y Mariano Moreno). La ordenanza municipal que reguló los pliegos de la nueva licitación omitió un punto clave: la cláusula de traspaso automático del personal.
Al no existir esta exigencia legal en el nuevo contrato firmado con el Municipio, la empresa que resultó ganadora de la licitación y actual prestataria, San José, quedó en libertad de incorporar choferes y personal administrativo a discreción.
El impacto en los trabajadores: Esta omisión normativa dejó a cerca de 200 familias en un vacío legal. Si bien la firma San José absorbió a una parte del personal y ERSA reubicó a otros empleados en las líneas del Área Metropolitana, la gran mayoría de la planta de choferes quedó desvinculada y sin sustento.
Un laberinto judicial que llegó a la Corte Suprema
El reclamo de los choferes cuenta con un fuerte respaldo en los tribunales, aunque el escenario actual se encuentra empantanado en una disputa de competencia. Los trabajadores tienen a su favor dos medidas cautelares dictadas por la Justicia Nacional del Trabajo a instancias de una presentación inicial de la UTA, las cuales intiman a la empresa San José a reincorporar a la totalidad de los ex empleados de la anterior concesión.
Sin embargo, la nueva prestataria del servicio recurrió a los tribunales de la provincia de Entre Ríos para frenar el impacto de esas órdenes nacionales, obteniendo fallos favorables en el fuero local. Ante este cruce de resoluciones y la falta de cumplimiento de las cautelares por parte de la empresa, el expediente que debe definir qué fuero tiene la última palabra se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras los plazos judiciales se extienden y las familias acumulan meses sin percibir sus salarios, los choferes adelantaron que continuarán con las medidas de fuerza en el espacio público para visibilizar la gravedad de su situación ante la comunidad paranaense.
