La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas y dejó firme la condena por corrupción dictada contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez, marcando un precedente histórico al convertirse en el primer gobernador entrerriano que va preso por delitos contra la administración pública.
El fallo del máximo tribunal nacional, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aplicó el artículo 280 para ratificar la pena de ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para Sergio Urribarri por peculado y negociaciones incompatibles, dejando sin efecto las apelaciones tras un largo recorrido por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y activando el regreso inmediato a la cárcel de los imputados en la Megacausa.
El fallo ratifica las responsabilidades penales derivadas del entramado de la Megacausa de la pauta publicitaria, que acumuló expedientes por el desvío sistemático de fondos públicos orientados a financiar la campaña presidencial del exmandatario. La investigación judicial acreditó maniobras de negociaciones incompatibles con la función pública mediante el otorgamiento de pauta estatal a la firma Global Means de Germán Buffa antes de poseer existencia formal, el control del negocio de cartelería en vía pública mediante las empresas Tep SRL y Next SRL atribuida a Juan Pablo Aguilera, y la causa El Sueño Entrerriano, que incluyó un parador instalado en Mar del Plata por 14 millones de pesos, publicaciones contra los fondos buitre y un desembolso de 28 millones de pesos a Nelly Entertainment por spots de la Cumbre del Mercosur 2014, sumando un perjuicio estimado por la Fiscalía en más de siete millones de dólares.
En este escenario de definiciones judiciales, la situación de Pedro Báez se proyecta como una de las postales más dramáticas, pagando un costo desproporcionado por su lealtad política al haber sido el único dirigente que nunca entregó ni traicionó a Sergio Urribarri. Condenado a seis años y seis meses de prisión, el exministro de Cultura y Comunicación afronta una severa victimización de su estado de salud, ya que con 65 años de edad, padece una severa diabetes y permanece confinado con tobillera electrónica en su domicilio de la calle Jozami; una realidad que se agrava dado que su esposa también atraviesa un estado delicado de salud, dejando al exfuncionario como la principal víctima humana de una sentencia inflexible mientras aguarda la determinación final de la justicia.
En el entorno del exgobernador sostienen con profunda amargura que Entre Ríos es la única provincia del país donde un gobernador termina preso, no porque en otras provincias no existan gobernadores corruptos sino porque supieron armar buenos lazos con la justicia, para mantenerse impunes.
Las aristas de esta megacausa por corrupción exhiben notables paradojas sobre el destino penal de otros protagonistas, como ocurrió con el caso de Hugo Marsó. El exministro de Turismo y exintendente de Colón logró resultar sobreseído en el proceso, a pesar de que durante los primeros pasos de las investigaciones judiciales su situación procesal se vislumbraba considerablemente más comprometida que la de otros integrantes del gabinete provincial que finalmente terminaron sentenciados.
La contracara absoluta de esta trama de contrataciones irregulares la encarna Beto Bahl, quien se desempeñó como el ministro más poderoso de la gestión y luego vicegobernador de Sergio Urribarri. Señalado históricamente como el funcionario más cercano al gobernador y el gran intermediario obligado para cualquier intendente, legislador o empresario que aspirara a conseguir una audiencia en la Casa de Gobierno, Beto Bahl jamás fue inquirido por la justicia y quedó completamente limpio, manteniéndose indemne frente a las investigaciones que hoy terminan conduciendo tras las rejas al círculo más íntimo del exmandatario.
