La defensa de los imputados en la causa de los contratos truchos acusó al parlamento provincial de retener expedientes clave que demostrarían la inocencia de los procesados de menor rango y apuntan a las cúpulas políticas.
La emblemática causa que investiga el desvío millonario de fondos públicos a través de contrataciones simuladas en la Legislatura entrerriana sumó un capítulo de extrema gravedad institucional. Durante las últimas audiencias, los abogados defensores de ocho de los procesados lanzaron una durísima acusación contra las autoridades de las Cámaras de Senadores y Diputados, denunciando una dilación deliberada e inexplicable en la entrega de documentación pública indispensable para el esclarecimiento del caso. Según los profesionales, la retención de estos expedientes administrativos tiene como único objetivo esconder las identidades de los verdaderos responsables del entramado y proteger a los jefes políticos que comandaron el Poder Legislativo durante la última década.
El conflicto procesal se recalentó tras la reciente apertura del legajo judicial derivado, donde se investiga de manera directa a los presidentes y máximas autoridades de ambas cámaras por la sustracción de cincuenta millones de dólares entre los años 2008 y 2018. Los abogados defensores sostienen que los empleados de menor jerarquía y los particulares que hoy están sentados en el banquillo de los acusados carecían por completo de competencias administrativas para incidir, autorizar o desviar los montos de los contratos de locación de obra. Frente al bloqueo informativo del parlamento, la jueza de garantías Marina Barbagelata ordenó librar oficios judiciales de carácter urgente y delegó de forma excepcional en las propias defensas la producción de este material probatorio escamoteada.
Para demostrar que el circuito del dinero se manejaba por encima de las órbitas de los actuales procesados, los tribunales convalidaron la incorporación de los diarios de sesiones históricas y la citación de un testigo técnico que se desempeñó en la Contaduría General de la provincia. Con estas herramientas, se buscará probar que los incrementos de las partidas presupuestarias destinadas a los contratos sospechados eran debatidos y resueltos exclusivamente por los propios legisladores provinciales durante el tratamiento de las leyes de presupuesto y las ampliaciones de partidas asociadas. Asimismo, la magistrada aceptó incorporar una copia simple del sumario interno labrado en la Cámara de Senadores que en su momento analizó la validez de las designaciones.
En el plano estrictamente técnico, los equipos fiscales y las defensas destrabaron la incorporación de los informes contables realizados por los peritos de parte, acordando que los especialistas asistan al juicio oral para ser sometidos a interrogatorios cruzados sobre sus conclusiones. Del mismo modo, se coordinó una auditoría informática sobre el material recolectado por el Ministerio Público Fiscal, la cual contará con la supervisión de expertos del Superior Tribunal de Justicia. En las últimas horas, las partes reconfiguraron la nómina de testigos para el debate: mientras se desistió de la convocatoria al gobernador Rogelio Frigerio y a altos funcionarios del Poder Judicial, se ratificó la citación obligatoria de una larga lista de exlegisladores de primera línea política provincial.
